Yorelis Bernal, migrante venezolana repatriada a través del más reciente vuelo coordinado por el Plan Vuelta a la Patria, denunció que autoridades estadounidenses le arrebataron a su hija de 24 meses, durante su detención migratoria, un caso que evidencia la sistemática separación de familias por parte de ese país.

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A pesar de que Yorelis y su esposo, Maikel Alejandro Espinoza, se entregaron voluntariamente a las autoridades migratorias al llegar a Estados Unidos y nunca pisaron el país, la bebé fue trasladada a tres hogares sustitutos distintos, según información ofrecida por Yorelis.

Asimismo, relata que una de las familias temporales, estuvo vinculada a una investigación por abuso sexual a menores, sin que las mencionadas autoridades justificaran el procedimiento.

En tanto, Yorelis permaneció un año en centros de detención, mientras que simultáneamente, su esposo, fue deportado forzosamente a El Salvador, donde fue secuestrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), junto a otros 251 venezolanos a los que no se les reconocen sus derechos humanos.

Yorelis Bernal, tras ser deportada a Venezuela sin su hija, exige justicia inmediata.

En ese sentido, la coordinadora del Plan Vuelta a la Patria, Anais Arismendi, declaró a la multiplataforma informativa teleSUR que la niña está en una casa de acogida, por lo que «está institucionalizada, está en lo que sería una casa de acogida allá, entonces hay más responsabilidad del Estado, porque sabiendo dónde está, se la debieron haber entregado».

Arismendi denunció, en ese sentido, que «estamos ante una combinación de delitos, porque en Estados Unidos es una práctica, que lamentablemente separan a las familias; pero en el caso venezolano estamos buscando proteger a todas las familias que estamos facilitando para un retorno seguro, por lo que deberían dar la reunificación familiar para que devuelva a la niña que de hecho, nunca debió estar separada de ella».

La funcionaria venezolana explicó que se trata de una violación sistemática de derechos, y recordó que Estados Unidos no ha ratificado la firma de la Convención de los Derechos del Niño, los enjuicia como adultos y hasta hace poco había pena de muerte para los menores de edad.

Asimismo, reveló que existen unos tres casos de madres, que por una razón u otra, han sido deportadas y separadas de sus hijos menores. Pero el de Yorelis es más dramático porque su esposo está secuestrado en El Salvador y «su niña institucionalizada, sin que la hubiesen enviado con su madre en un proceso de deportación».

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